Ofrecen fórmulas beneficiosas para la S.S. y los propios municipios. Las jubilaciones adelantadas no sólo no perjudican al erario público, sino que “aumentan sus ingresos, y permiten la creación en cinco años de 3.000 puestos de trabajo”.

Una de las batallas más importantes para este sindicato, incluido en la Confederación de Seguridad Local, es el reconocimiento por parte de la Seguridad Social de que estamos ante una profesión “penosa, peligrosa e insalubre”, igual que están reconocidos, por ejemplo, “los bomberos, los pilotos, algunos taurinos o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”. De esta forma, los policías locales españoles podrían acogerse al coeficiente corrector que acorta la vida laboral en función de dicho coeficiente y el número de años de servicio.

Cuentan los agentes locales con un estudio de salud laboral elaborado por uno de los mejores especialistas del país, sobre una muestra de 20.000 policías, en el que “se determina el desgaste psicofísico de un agente”, y que concluye que “un policía local de más de 50 años difícilmente puede ejecutar al 100% su trabajo”.

Sobrecotización

Basándose en otro estudio, esta vez elaborado por un especialista de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, los policías locales proponen una fórmula de sobrecotización a la Seguridad Social: “Si todos los policías locales cotizamos más, este caudal de fondos hace que aumente de momento los ingresos a la Seguridad Social, de forma que el sistema permite un superávit inicial de 200 millones de euros”.

Entiende que así, las jubilaciones adelantadas no sólo no perjudican al erario público, sino que “aumentan sus ingresos, y permiten la creación en cinco años de 3.000 puestos de trabajo”.

Bueno para los municipios

“Incluso para los ayuntamientos es bueno, porque se renuevan policías con diez trienios por agentes sin antigüedad apenas”, sin contar “la reducción de bajas médicas potenciales por la alta edad media de las plantillas”, analiza Rodríguez Montoro.

La Junta
En cualquier caso, en Castilla-La Mancha se busca que la Junta, mientras se legisla o no a nivel de Seguridad Social, incluya en la Ley de Coordinación la posibilidad de “un estado de segunda actividad sin destino”, para lo que debería ser la Junta “la que se hiciera cargo del coste económico de este pase a segunda actividad”. Esto debería servir para rejuvenecer las plantillas, y que los agentes de mayor edad se equiparen con los de otros cuerpos de seguridad, al tiempo que “está en juego mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos”.

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