Derechos y deberes

Respuesta: NO.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, sentencia 188/2003 de 31 de marzo.

Ni el Alcalde ni el Pleno Municipal pueden contratar a quién superó la primera fase del concurso-oposición convocado como funcionario en prácticas hasta que ingrese en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, por la sencilla razón de que es precisamente la incorporación al curso que se celebre en dicha Escuela la que confiere la cualidad de funcionario en prácticas al aspirante seleccionado». Leer el resto de esta entrada »

Respuesta: SI.

El hecho de que pasados más de 20 años la administración correspondiente no hay cumplido con su obligación de crear un Reglamento interno no es razón para la no aplicación de la norma, en este sentido se han pronunciado diferentes sentencias en relación a la falta de desarrollo reglamentario. El funcionario deberá agotar los recursos administrativos y acudir al Contencioso Administrativo. Leer el resto de esta entrada »

Respuesta:SI.

El TS concluye que el tribunal de selección debería haber atendido la solicitud de la posposición de la prueba, atendiendo los siguientes razonamientos:

  • Las circunstancias en que se encontraba la aspirante le impedían realizar la prueba en condiciones de igualdad con relación al resto de aspirantes;
  • Estas circunstancias tenían carácter involuntario e inevitable;
  • El concepto de fuerza mayor no estaba predefinido en las bases y, por tanto, el tribunal calificador debía apreciar si se daba o no atendiendo las particularidades de cada caso.

STS de 27 de abril de 2009, recurso 4595/2005

Se establece en el artículo 26 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que “Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar “. Es decir deja abierta ala legislación posterior de cada Administración cuales deben ser las retribuciones, pero ya fija un mínimo claro. Leer el resto de esta entrada »

Respuesta:SI.

El TSJ de Catalunya concluye que la información sindical forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, que el sindicato puede hacerla efectiva a través de los cauces previstos en la Ley.

Es evidente, que el sindicato recurrente tiene el derecho de información sindical en los términos que reclama, representado ello el ámbito legítimo y constitucionalmente protegido del mismo, de tal manera que la negativa de la administración no solo no está constitucionalmente ni legalmente justificada sino que ha de tildarse de arbitraria por implicar una falta de transparencia impropia de un Estado de Derecho art. 9.3 y 103.1 CE.

Respuesta:NO.

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA. El juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Málaga ha condenado a la jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Málaga por “desviación de poder” y “actuación arbitraria” en el reparto de los servicios policiales y declara “no conforme a derecho, nulas y sin efecto” las órdenes firmadas por el superintendente jefe del cuerpo en relación a la programación del servicio de guardia y extraordinario con motivo de la feria de Churriana, origen de esta resolución judicial a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. Leer el resto de esta entrada »

Modificació important en relació al règim disciplinari de les policies locals de Catalunya.

El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 124, del dia 21 de maig de 2010, publica la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, per la qual es regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia. L’esmentada Llei orgànica, que va entrar en vigor el dia 10 de juny de 2010, deroga expressament els articles 27 i 28 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; els quals regulaven el règim disciplinari dels funcionaris de l’esmentat cos de policia. Leer el resto de esta entrada »

Respuesta: NO.

Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Albacete, Sentencia 91/2002.

Si bien, el Alcalde ostenta la máxima Jefatura de la Policía Local, ello no le puede permitir ordenar funciones que no se hallan entre las que legal y reglamentariamente corresponde desempeñar a la Policía Local, y entre las que se hallan las mencionadas, pues éstas, no están ni directa ni indirectamente relacionadas con la función de ordenación, señalización y dirección del tráfico que sí corresponde a la Policía Local, de manera que no puede invocarse en este caso el principio de eficacia administrativa para la atribución a la Policía Local de funciones que no se hallan ni directa ni indirectamente relacionadas con las que sí tiene estatutariamente atribuidas las Policías Locales.

Vista la situación pero valorando lo fácil que es abrir un expediente disciplinario, recomendamos cumplir la orden que no sea manifiestamente ilegal y acudir posteriormente al contencioso administrativo.

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